Confilegal.com, 22 de septiembre de 2024 Por Javier Martín Fernández Tal y como es bien conocido, los gastos derivados de atenciones a clientes son deducibles, con ciertas limitaciones, en los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas, Renta de No residentes y Sociedades. Ello no ocurre en el Impuesto sobre el Valor Añadido (en adelante, IVA),...

Desde su retroacticividad hasta el no incentivar a nuevos residentes fiscales, la figura genera un buen número de dudas El Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas se configura como un tributo cuyo objetivo es garantizar que estas últimas contribuyan al sostenimiento de los gastos públicos. Es una figura, de carácter estatal; complementaria del Impuesto sobre el Patrimonio, ya que su regulación es mimética y su cuota es deducible de la de este último, no susceptible de cesión a las comunidades autónomas, para gravar, con una cuota adicional, los patrimonios de las personas físicas de cuantía superior a tres millones de euros.

La reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de 5 de mayo de 2022 concluye que los “artículos 2, apartado 2, y 12, letras a) y c), de la Directiva 2008/94/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la protección de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia del empresario, en su versión modificada por la Directiva (UE) 2015/1794 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de octubre de 2015, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una jurisprudencia nacional según la cual una persona que ejerce, en virtud de un contrato de trabajo válido con arreglo al derecho nacional, de forma acumulativa las funciones de director y de miembro del órgano estatutario de una sociedad mercantil no puede ser calificada de trabajador asalariado, en el sentido de dicha directiva, y, por lo tanto, no puede disfrutar de las garantías previstas por esa directiva”.

El principio de seguridad jurídica es un principio universal que afecta a todos los ámbitos del derecho y al que el ordenamiento jurídico español dota de este carácter en el artículo 9.3 de la Constitución. Es especialmente referible al derecho tributario, tanto por la condición de obligación legal del tributo (lo que convierte al ordenamiento tributario en un ordenamiento integrado por “obligaciones tasadas” de dar y que deben ser “previsibles” para el ciudadano), como por la producción, amplia e intensa, de normas, lo que propicia situaciones de inseguridad.